Un laboratorio de emergencia quiere usar las nuevas tecnologías para emergencias y rescates y aplicar los avances en el cuerpo de seguridad.
La ciudad de Málaga cuenta con un Observatorio de las Emergencias, un centro que investiga y desarrolla los avances tecnológicos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, las emergencias y las catástrofes. El ayuntamiento de Málaga, dio a conocer que el objetivo de este laboratorio de experimentación es aplicar las nuevas tecnologías en emergencias y rescates y aplicarlas en cuerpos de seguridad.
Y es que Málaga fue una de las provincias más afectadas de la Dana. Las fuertes precipitaciones hicieron que hubiera muchas incidencias y más de 4000 personas desalojadas.
Esta situación ha sido lo que ha llevado a la junta de Andalucía, al ayuntamiento, a la Diputación y a la universidad a firmar un protocolo de emergencia, pondrán su sede en el campus universitario de Teatinos.
El observatorio dará lugar tanto a la institución académica como a las administraciones públicas implicadas y participarán empresas especializadas, nacionales e internacionales, para probar sus tecnologías.
Según el ayuntamiento, además de ser un laboratorio de experimentación en el que se pueden medir y aplicar distintos procedimientos y técnicas para la seguridad, este centro también puede ser utilizado por cuerpos de seguridad y rescate como complemento para simular distintas situaciones y escenarios. Por ejemplo, las instalaciones tendrán sensores para medir en tiempo real parámetros de los efectos en las actuaciones que se llevan a cabo.
Así, el objetivo de este proyecto no es sólo investigar si no también hacer pruebas de nuevas tecnologías aplicadas en emergencias, protocolo de búsqueda y rescate de personas, comunicaciones de emergencias o el empleo de redes 5G y 6G para mejorar la capacidad de respuesta de, personal de emergencias y fomentar la autoprotección y la cultura preventiva de la población.
El protocolo general tiene una vigencia de cuatro años y se puede alargar si hace falta. No implica ningún pago de dinero y establece que se creará un grupo de trabajo formado por personas de cada institución que firmó el acuerdo, para asegurarse de que se cumpla y funcione bien.
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